Artículos Letra S

Artículo escrito por CDD para el Suplemento Letra S

Candidatas,  candidatos ¿están dispuestos a comprometerse con los derechos de la diversidad sexual?

En la lucha por la democracia, la contribución de los movimientos a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual ha sido central en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

Como resultado de sus luchas históricas, en México ha habido avances importantes. Uno de los más significativos fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada en junio de 2011, en la que se establece: "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad"; prohíbe además toda discriminación motivada por las "preferencias sexuales".

La Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos identifica a una defensora como la persona o colectivo que promueve o procura la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional.

En México hay un gran número de defensores que promueven los derechos humanos a través de su trabajo y otros surgen por su convicción de promover y apoyar causas justas, como lo plantea Amnistía Internacional.

Otro tipo de defensoras surgen al ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, como las madres de víctimas de feminicidio quienes ante la omisión del Estado, se convierten en defensoras de su propio caso para lograr el esclarecimiento y sanción a los responsables. Algunas van más allá de su defensa y asumen otros casos similares. Ejemplo de esto es el caso de María Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra Muciño, víctima de feminicidio.

Nadia fue asesinada en el 2004 por su pareja Bernardo López y su cuñado Isidro López, en presencia de su hija e hijos de 2, 4 y 5 años de edad respectivamente; únicos testigos del crimen cometido al interior de su casa en el Estado de México.

En el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir lamenta la ausencia de políticas públicas y programas locales que garanticen a las mujeres con VIH el acceso a los medicamentos y servicios para cuidar de su vida y de su salud. La atención a la salud de las mujeres no debería subordinarse a ideas conservadoras sobre el rol tradicional que se pretende que cumplan. La salud sexual y reproductiva de las mujeres no es un pecado ni un delito, es un derecho para todas.

En pleno siglo XXI, la pandemia del VIH sigue creciendo, y su expansión a nuevas poblaciones evidencia la creciente feminización del virus en toda la región, incluido México. La Organización Mundial de la Salud reconoce la desventaja que tienen las mujeres en relación al VIH y señala que ésta tiene su origen en aspectos biológicos, económicos, sociales y culturales profundamente arraigados en la inequidad de género. Así lo demuestra que la principal forma de transmisión para mujeres sea a través de relaciones sexuales sin el uso de condones, lo que remite a que muchas adquieren el virus de sus parejas estables. En nuestro país, las cifras son para alarmarse, pues por cada 5 hombres infectados existe una mujer, y en algunos estados la proporción de la infección es de 3 hombres por una mujer.

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, a celebrarse el próximo 17 de mayo, Católicas por el Derecho a Decidir celebra los avances que se han dado en la Ciudad de México en pro de los derechos humanos de lesbianas y homosexuales y del respeto a la diversidad sexual.

En agosto de 2010, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó, por mayoría de votos, las reformas que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, y los derechos que se desprenden del mismo como la seguridad social y la adopción. Estas reformas ponen en evidencia que la Constitución protege a todo tipo de familias sin que el matrimonio entre un hombre y una mujer sea la única forma de integrarla.

El pasado 17 de marzo se realizó una reunión histórica, “Aportes de la investigación a cuatro años de implementar los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal” organizada por la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir conformada por: Católicas por el Derecho a Decidir; Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Ipas México y Population Council-México. Fue histórica por reunir por primera vez a investigadores, médicos/enfermeras, personal de salud, y miembros de la sociedad civil en un foro científico para compartir experiencias que llevaron un largo proceso previo a documentar una masa crítica de resultados de investigación.

La inauguración estuvo a cargo del Dr. Armando Ahued, Secretario de Salud del GDF, la Dra. Leticia Bonifaz, consejera jurídica y la Dra. Sandra García, directora del Population Council-México. Durante su discurso la Dra Bonifaz se refirió al DF como una “isla de libertades” en donde se respetan y garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El Dr. Ahued reiteró el compromiso de su administración de continuar con la institucionalización del Programa de ILE y la Dra. García enfatizó la necesidad de contar con investigación con rigor metodológico que permita describir las experiencias de mujeres y médicos/enfermeras en el Programa ILE de manera científica y no sesgada.

Durante más de una década, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua mantuvieron la mirada nacional e internacional debido a los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas, crímenes que destacan por la impunidad absoluta y la ineficacia del aparato de justicia del estado de Chihuahua. Cabe señalar que la Procuraduría de Chihuahua registró 553 mujeres asesinadas con violencia brutal de 1993 a septiembre de 2007; tan sólo en el 2010 se asesinaron a más de 400.

Los avances en el acceso a la justicia a mujeres víctimas del feminicidio en Chihuahua son casi nulos, debido a que el Estado continúa generando un ambiente permisivo de impunidad al no cumplir con su obligación de prevenir, sancionar e investigar estos crímenes. Esta actitud omisa del Estado ante violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, genera un patrón constante de impunidad reconocido en la actual sentencia del caso “Campo Algodonero”. El investigador Francisco Ibarra caracteriza muy bien esta situación: …“debido a la incapacidad estatal para dar con los responsables de los hechos que dieron origen a la violación de derechos humanos, negligencia que va desde la investigación hasta la imposición de las sanciones correspondientes”.