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Relaciones Interinstitucionales

Este programa ofrece información y asistencia técnica a diseñadoras y diseñadores de políticas públicas federales y estatales, quienes a su vez participan en grupos normativos y de trabajo de alto nivel, con el objetivo de que cuenten con información que les permita reconocer las posiciones diversas que hay en la Iglesia Católica en temas morales, para que puedan promover la inclusión de la perspectiva de género y los derechos sexuales y reproductivos en las políticas públicas; así como reconocer y defender la separación entre las Iglesias y el Estado.

Desde 1998, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) es integrante activa del Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva (GISR), conformado por la Secretaría de Salud como respuesta a las recomendaciones de la IV Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, realizada en El Cairo, en 1994. Desde su integración al GISR, CDD ha promovido la incorporación del nuevo enfoque de la salud reproductiva acordado en El Cairo en las políticas de salud y ha apoyado diversos cambios importantes en las normas y programas, tales como la provisión gratuita de anticoncepción de emergencia en instituciones de salud pública, el establecimiento de indicadores de calidad de atención para servicios de salud, y la capacitación para prestadores de servicios de salud en las causales de aborto legal.

El Programa de Relaciones Interinstitucionales también establece y fortalece alianzas con sectores progresistas de la Iglesia Católica para hacer explícito el vínculo entre la perspectiva de salud pública y los derechos sexuales y reproductivos con los temas vinculados a la teología de la liberación, como la justicia social y los derechos humanos. Al respecto, se han logrado importantes avances, como la entrega a CDD del X Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo en 2004. Desde entonces, líderes de la comunidad católica han empezado a hablar en favor de los derechos sexuales y reproductivos y abordar el tema del respeto a los derechos humanos dentro de la Iglesia misma. En consecuencia, ante situaciones de vulneración de los derechos humanos por parte de integrantes de la Iglesia Católica como en el caso de las denuncias de abuso sexual, CDD ha podido llamar a las autoridades eclesiásticas a la congruencia y al respeto, en colaboración con otras organizaciones de inspiración católica.

La participación de CDD en diversos espacios de confluencia de organizaciones defensoras de derechos humanos, ha permitido que desde centros y redes que trabajan en ese campo—incluyendo los fundados por órdenes religiosas— hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha contribuido a cerrar la brecha que existe entre los derechos sexuales y reproductivos y la justicia social, la pobreza y la democracia. Ejemplo de ello fue la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en la agenda nacional de derechos humanos presentada a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados por una coalición de organizaciones de este sector.

Gracias a sus alianzas con actores de varios sectores de la sociedad, el Programa de Relaciones Interinstitucionales, junto con las otras áreas de CDD, contribuyó de manera significativa al debate que tuvo lugar durante el 2007, en torno a la reforma al Código Penal que permite la interrupción del embarazo hasta la decimosegunda semana de gestación en el Distrito Federal. En particular, se pudo brindar argumentos católicos a la ciudadanía que les permitieran reconocer a las mujeres como autoridades morales para tomar la decisión de interrumpir un embarazo. Así mismo se ofreció información sobre las atenuantes que establece el Código de Derecho Canónico, ley interna de la Iglesia Católica, que exculpan de la pena de excomunión inmediata a la gran mayoría de mujeres que abortan. Estos argumentos fueron presentados en los diversos foros de discusión convocados por la Asamblea Legislativa y fueron difundidos ampliamente y adoptados por los medios de comunicación y por líderes de opinión, contribuyendo sustancialmente a generar una corriente de opinión favorable a los derechos reproductivos de las mujeres.

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